El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medios de Comunicación y el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), se encuentra elaborando un proyecto de ley que reemplazará la polémica ley de Radiodifusión, sancionada por la última dictadura militar en 1980. Si bien ha tenido modificaciones específicas por vía de otras leyes o normativas, que en su mayoría se realizaron para romper cláusulas antimonopólicas, favorecer a los intereses de ciertas empresas y sus prácticas comerciales, el texto legislativo mantiene un espíritu antidemocrático, una visión restringida de cultura y un olvido absoluto sobre los postulados básicos del Derecho a la Información y el Derecho a la Comunicación, consagrados en la mayoría de los consensos internacionales sobre producción, acceso y participación cultural de los últimos cincuenta años. 37 proyectos e iniciativas legislativas naufragaron desde 1983 a la fecha, y es una deuda pendiente de la etapa democrática.

El pasado 30 de mayo se llevó a cabo el “Foro por una radiodifusión que nos haga libres”, organizado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, en el Salón Delia Parodi del Palacio del Honorable Congreso de la Nación. En esa oportunidad, distintos representantes expresaron sus pareceres sobre la necesidad del cambio en esta legislación sobre comunicación y cultura.

“La nueva Ley de Radiodifusión de la democracia, la Ley de Sistemas Audiovisuales –declaró Gustavo Bulla, Director Nacional de Supervisión y Evaluación del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)-, viene a reemplazar a la Ley 22.285, sancionada en 1980 por la última dictadura militar, que está en plena vigencia, manteniendo activas sus tres características principales: 1- Es autoritaria: en su artículo 7 establece que los servicios de radiodifusión deberán ajustarse a la genocida doctrina de la seguridad nacional. 2- Es centralista: el otorgamiento de frecuencias es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional. 3- Es discriminatoria: sólo pueden hacer uso de las frecuencias las entidades con fines de lucro”.

Según los responsables del proyecto, la nueva ley se inspirará, en esencia, en el insuperado Informe McBride, presentado en la UNESCO en 1980, en el marco del reclamo de los países del tercer mundo por un Nuevo Orden Internacional de la Información y la Comunicación (NOIIC). Sus bases, entre otras, son: el respeto a las identidades culturales y el acceso a las fuentes para toda la sociedad; eliminación de desequilibrios y desigualdades; libertad de prensa e información; supresión de los efectos nocivos de los monopolios; flujo libre y equilibrado de la información; pluralidad de fuentes; el respeto del derecho de todos los pueblos a participar en los intercambios internacionales de información.

Además, la nueva ley contemplará los 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación que han consensuado las entidades (organizaciones sociales, sindicatos, carreras de ciencias de la comunicación de las universidades) que integran la Coalición por una Radiodifusión Democrática (www.coalicon.org.ar), por los que han venido bregando desde 2004. Uno de sus puntos salientes es el que establece que las frecuencias de todas las bandas deben ser repartidas en un 33% para el Estado (Nación, provincias, municipios, universidades, etc.), un 33% para entidades sin fines de lucro (sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, etc.) y un 33% para las entidades con fines de lucro (empresas privadas).

Cabe resaltar el carácter de servicio público de la nueva ley, donde la información es un bien social que debe garantizar el acceso y la participación de todos los estamentos sociales que componen a nuestra nación.

Además, por razones técnicas, la inminente digitalización del sistema permitirá que, por la misma banda por donde hoy pasa una señal de TV abierta, puedan emitirse 4 o 5 señales más, beneficio que se conoce como “dividendo digital”. De este modo, de los 5 canales de aire actuales se pasaría a un conjunto de 20 o 25 canales futuros. La idea es que la ley establezca con claridad la reserva del Estado a administrar el “dividendo digital”, lo cual permitirá el fomento de una radiodifusión múltiple en voces, y promoverá un cambio cultural de proporciones en cuanto a la circulación de bienes y servicios culturales, de símbolos y de sentido. La democratización de los servicios audiovisuales es una batalla cultural cuyos primeros pasos recién comienzan a darse. El proyecto de ley entrará al Congreso Nacional a fines de junio.